Cámaras en el trabajo: qué dice la ley y qué deben tener en cuenta las empresas

Las cámaras en el trabajo son una herramienta habitual de control empresarial. Sin embargo, su instalación y uso no son libres. Están sometidos al ET, al RGPD y a la LOPDGDD. Por tanto, cualquier sistema de videovigilancia laboral debe respetar los principios de proporcionalidad, información y minimización de datos. Las ideas clave a desarrollar son, principalmente, las siguientes:

• Primero, el empresario puede adoptar medidas de vigilancia según el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.
• Segundo, la videovigilancia implica tratamiento de datos personales y se rige por el RGPD.
• Tercero, el artículo 89 de la LOPDGDD regula expresamente la videovigilancia en el ámbito laboral.
• Cuarto, no pueden instalarse cámaras en vestuarios, aseos ni zonas de descanso.
• Quinto, es obligatorio informar previamente y de forma expresa a la plantilla.
• Sexto, la ausencia de información adecuada puede comprometer, en función del caso concreto, la validez de sanciones disciplinarias basadas en grabaciones.

Tabla de contenidos

• Marco normativo aplicable a las cámaras en el trabajo
  • Cámaras en el trabajo y principios del RGPD
• ¿Dónde pueden instalarse cámaras en el trabajo?
• Obligación de informar: requisito esencial
• ¿Cuándo son ilegales las cámaras en el trabajo?
• Conservación y acceso a las grabaciones
• Enfoque estratégico para empresas: cumplimiento y prevención
• Conclusión
• Preguntas Frecuentes (FAQ)
• Fuentes y recursos

Marco normativo aplicable a las cámaras en el trabajo

En primer lugar, el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, reconoce al empresario la facultad de adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

No obstante, dicha facultad no es absoluta. Por tanto, debe ejercerse respetando la dignidad del trabajador, conforme al artículo 4.2.e) del mismo texto legal.

Además, la instalación de cámaras supone un tratamiento de datos personales en los términos del artículo 4 del RGPD. Por ello, resulta aplicable:

• Para comenzar, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
• A continuación, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En particular, el artículo 89 de la LOPDGDD, relativo al derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia en el trabajo.
• También, el mencionado Estatuto de los Trabajadores.

Cámaras en el trabajo y principios del RGPD

Asimismo, deben respetarse los principios del artículo 5 del RGPD, fundamentalmente:

• Primeramente, la licitud, lealtad y transparencia.
• Seguidamente, la limitación de la finalidad.
• También, la minimización de datos.
• Igualmente, la limitación del plazo de conservación.

Por tanto, la empresa debe poder justificar documentalmente la necesidad y proporcionalidad del sistema.

¿Dónde pueden instalarse cámaras en el trabajo?

El artículo 89.2 de la LOPDGDD establece un límite claro. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores.

Así pues, entre ellos, quedan excluidos: vestuarios, aseos, comedores o zonas análogas de descanso. Además, cabe destacar que esta prohibición es absoluta, por lo que no depende de la finalidad empresarial. En cambio, sí pueden instalarse en:

• Primero, accesos al centro de trabajo.
• Segundo, zonas de producción.
• Tercero, áreas abiertas al público.
• Cuarto, espacios donde exista riesgo para la seguridad o el patrimonio.

Sin embargo, incluso en estos casos, debe aplicarse el juicio de proporcionalidad. Es decir, la medida debe ser idónea, necesaria y equilibrada. Asimismo, desde el enfoque de cumplimiento normativo, será necesario valorar si concurre alguno de los supuestos de alto riesgo previstos en el artículo 35 del RGPD que obliguen a realizar una evaluación de impacto, de acuerdo con los criterios establecidos por la AEPD.

Obligación de informar: requisito esencial

El artículo 89.1 de la LOPDGDD exige que los trabajadores sean informados con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, sobre la existencia y finalidad del sistema de videovigilancia. Además, el artículo 13 del RGPD regula el contenido mínimo de la información cuando los datos se recogen del propio interesado. Por tanto, la empresa debe garantizar, entre otros:

• En primer lugar, carteles informativos visibles.
• Segundo, identificación del responsable del tratamiento.
• En tercer lugar, información sobre la finalidad.
• Cuarto, la referencia a la posibilidad de ejercer derechos.

Ahora bien, el propio artículo 89.1 contempla una excepción limitada. Si la captación de imágenes revela la comisión flagrante de un acto ilícito, el deber de información se entiende cumplido cuando exista el dispositivo informativo visible.

No obstante, esta previsión no elimina la obligación general de transparencia. De hecho, desde la práctica empresarial, la ausencia de información adecuada puede comprometer la validez de sanciones disciplinarias basadas en grabaciones.

¿Cuándo son ilegales las cámaras en el trabajo?

Las cámaras en el trabajo pueden ser ilegales en varios supuestos jurídicamente definidos:

En primer lugar, cuando se instalan en zonas expresamente prohibidas por el artículo 89.2 de la LOPDGDD. También, cuando no se informa a los trabajadores conforme al artículo 89.1 de la LOPDGDD y al artículo 13 del RGPD. Y, a su vez, cuando el sistema resulta desproporcionado. Por ejemplo:

• De un lado, la grabación permanente sin justificación.
• De otro, el enfoque constante a un trabajador concreto sin causa objetiva.
• También, la conservación indefinida de imágenes.

El artículo 22.3 de la LOPDGDD establece que las imágenes se suprimirán en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.

Asimismo, un uso distinto al inicialmente declarado vulneraría el principio de limitación de la finalidad del artículo 5.1.b) del RGPD. Las infracciones pueden derivar en sanciones administrativas conforme a los artículos 83 del RGPD y 71 y siguientes de la LOPDGDD.

Conservación y acceso a las grabaciones

El plazo general de conservación es de un mes, según el artículo 22.3 de la LOPDGDD. Por tanto, transcurrido dicho plazo, las imágenes deben suprimirse. Solo podrán conservarse más tiempo si:

• Bien resulta necesario para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, o
• O bien, cuando las imágenes deban ponerse a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de los órganos judiciales, conforme al artículo 22.3 de la LOPDGDD.

Además, el acceso debe estar restringido. Solo el personal autorizado puede visualizar las imágenes. Por ello, desde la óptica del cumplimiento normativo, se pueden exigir, entre otros aspectos:

• Registro de actividades de tratamiento conforme al artículo 30 del RGPD.
• Contratos de encargo de tratamiento si interviene una empresa de seguridad.
• Medidas técnicas y organizativas adecuadas según el artículo 32 del RGPD.

Enfoque estratégico para empresas: cumplimiento y prevención

Para las organizaciones, la cuestión no es solo técnica, sino estratégica. Por ello, una implantación incorrecta puede suponer:

• Primero, sanciones administrativas.
• Segundo, nulidad de pruebas disciplinarias.
• Tercero, reclamaciones por vulneración de derechos fundamentales.
• Cuarto, daño reputacional.

En cambio, un sistema correctamente diseñado refuerza la seguridad jurídica y la cultura de cumplimiento.

Por ello, resulta recomendable:

• De un lado, analizar la base jurídica del tratamiento conforme al artículo 6 del RGPD.
• De otro, documentar el juicio de proporcionalidad.
• A su vez, actualizar el registro de actividades de tratamiento.
• Por otro lado, revisar contratos con proveedores de seguridad.
• También, formar a la dirección en protección de datos laboral.

Desde Legal Veritas, abordamos la videovigilancia laboral como un proyecto integral de cumplimiento normativo, no como una mera instalación técnica.

Conclusión

Las cámaras en el trabajo son legales si respetan el Estatuto de los Trabajadores, el RGPD y la LOPDGDD. No obstante, su implantación exige un análisis jurídico previo y una correcta documentación.

En consecuencia, antes de instalar o revisar un sistema de videovigilancia, es esencial evaluar riesgos y obligaciones en materia de protección de datos.

Si tu empresa dispone de cámaras o está valorando instalarlas, en Legal Veritas podemos auditar el sistema, verificar su adecuación normativa y reducir riesgos sancionadores. ¡Contacta con nosotros!

Este texto que acabas de leer no constituye asesoramiento jurídico especializado. Por ello, te recomendamos solicitar una revisión de tu sistema de videovigilancia y garantizar el cumplimiento en protección de datos.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Fuentes y recursos

• RGPD: Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de datos personales
• LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
• Estatuto de los Trabajadores: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• AEPD: La protección de datos en las relaciones laborales