La ley LSSICE de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI o LSSICE)
Debido a la gran expansión que han sufrido las redes de comunicaciones electrónicas y especialmente internet, es necesario un reglamento propio de protección de la información, la ley LSSICE.
De ahí la regulación de la ley LSSICE 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. La cual se incorpora en nuestro ordenamiento legislativo la Directiva la Directiva 2000/31/CE del Consejo y del Parlamento Europeo.
Toda persona o empresa que desarrolle actividades económicas de comercio electrónico, contratos on-line, publicidad, marketing o intermediación.
Siendo estos a través de internet o cualquier sistema telemático está sujeta a la esta legislación siempre y cuando cumplan dos requisitos fundamentales:
- Cuando la gestión y dirección del negocio se centralice en España.
- Si se dispone de oficinas, filiales u otro tipo de establecimiento o sucursal permanente en territorio español. Y desde el cual se lleve a cabo la prestación de servicios de la sociedad de la información.
A QUIEN AFECTA LA LEY LSSICE
Por si hubiera alguna duda al respecto, utilizar un servidor sito en cualquier otro país no exime de estar sujeto a la Ley de prestador de servicios. Siendo estas decisiones sobre el contenido o los servicios empresariales ofrecidos están en territorio español.
La ley LSSICE establece un apartado específico para los proveedores de servicios de intermediación que se pueden clasificar así:
- Si proporcionan conexión a internet a los clientes.
- O bien si se dedican a prestar alojamiento de datos.
- También si son buscadores o proveedores de enlaces.
Teniendo en cuenta los servicios que prestan sus responsabilidades se limitan a:
- No se harán responsables del contenido alojado o que transmiten si no participan en la elaboración. O bien no tienen conocimiento si se comete alguna ilegalidad en dicho contenido.
- Si serian responsables si conociendo la ilicitud del contenido no lo retiran rápidamente o pusieran trabas para acceder al mismo.
El incumplimiento de la Ley puede llevar a la imposición de sanciones que pueden ir desde los 600 € las más leves. A los 600.000 € en el caso de tratarse de infracciones muy graves.
